1. El video de los delincuentes Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña es simplemente la formalización de lo que ya sabíamos: que estuvieron, están y siguen en el negocio del narcotráfico para continuar en su actividad criminal.
Esta declaración ratifica que nunca dijeron la verdad, nunca repararon a las víctimas, nunca liberaron a los menores y, ahora que aparecen uniformados y armados, tampoco cumplieron el acuerdo de no repetición.
2. Este Gobierno no encontró recursos para cumplir con el Acuerdo de Paz, y aun así, asumió la responsabilidad y ha venido cumpliendo, porque considera que los desmovilizados merecen nuestro compromiso, tal como lo reconocen los informes de las Consejerías Presidenciales y la Misión de Verificación de la ONU, los cuales indican que a la fecha se han entregado 400 obras PDET, $247 mil millones mediante obras por impuestos, 24 proyectos productivos para desmovilizados y se ha garantizado la continuidad de las ETCR que estaban previstas sólo hasta el 15 de agosto.
En un solo año de gobierno, hemos demostrado avances significativos de un proceso que está proyectado a diez (10) años, asignando por primera vez recursos del presupuesto, que no existían, a un Acuerdo que dejaron desfinanciado.
3. Con el rearme, pretenden seguir expandiendo sus actividades del narcotráfico, no sólo en Colombia, sino en otros países de la región. Debemos recordar que la paz de Colombia siempre estará ligada a que exista democracia en Venezuela, porque esa dictadura no sólo ha actuado con el narcotráfico, sino también con el terrorismo.
Por fortuna, tenemos en nuestras Fuerzas Militares, instituciones sólidas, las cuales siempre han estado presentes para defender la democracia y mantener el Estado de Derecho. A pesar de los ataques sistemáticos de algunos sectores para debilitar a las Fuerzas Militares, cuentan con el apoyo del Gobierno y del pueblo colombiano. El afán de desprestigiarlos busca, justamente, debilitar nuestra democracia.
4. Tal como lo manifestó el Presidente Iván Duque, el régimen venezolano debe cumplir la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prohíbe dar abrigo a grupos terroristas, por parte de gobiernos que nunca han demostrado compromiso con la democracia, fortalecimiento institucional y Estado de Derecho.
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