Valledupar, noviembre 12 de 2021.- En la capital del Cesar se originó este viernes una noticia que ha causado estupor: tres personas fueron judicializadas como presuntos responsables de violencia sexual contra una niña atendida en una fundación. Los actos habrían sido cometidos en la sede habilitada como hogar de paso donde se atienden cerca de 70 niños y niñas.
Se trata de Rober Emilio Fernández Tovar, gerente, su esposa Rosa Laguna Lamilla, representante legal de la Fundación Findinaj – Fundación para el Desarrollo de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud – y Lenin José , coordinador, hermano de Rober Emilio, quienes fueron detenidos tras un allanamiento en dicha entidad , ubicada en Casa Campo Las Marías, con la cual el ICBF suscribió un convenio como operador de servicio en la modalidad de atención de niños y niñas víctimas de abuso sexual, en condición de calle y drogadicción. La captura y judicialización se dio tras un trabajo conjunto entre el ICBF y la Fiscalía General de la Nación.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, manifestó: “ordené la reubicación inmediata de los 70 niños y niñas para proteger su integridad con el acompañamiento permanente de un equipo especializado”.
Así mismo, expresó: “lo que hoy reportamos ante la opinión pública es el resultado de la pronta actuación del Grupo Guardianes de la Niñez del ICBF y la Fiscalía, de una situación a todas luces inconcebible, contra un grupo de 70 niños, niñas y adolescentes que fueron puestos bajo protección del ICBF por la vulneración de sus derechos y violentados por un operador de servicios que presuntamente incurrió en delitos de violencia física, psicológica y sexual contra ellos, en hechos que son materia de investigación”
La investigación se inició después de que una alerta emitida por la Dirección Regional del ICBF en Cesar motivara la visita del Grupo Élite Guardianes de la Niñez, equipo creado por el propio Instituto con la misión de detectar e investigar irregularidades en el servicio y riesgos de violencia contra los beneficiarios atendidos en todas las unidades de servicio.
“Estamos haciendo de la niñez el centro de nuestra gestión y necesitamos que todo el país se comprometa con el ejercicio efectivo del principio de corresponsabilidad familia estado y sociedad”, señaló la Directora Lina Arbeláez.
Realizadas las evaluaciones, el equipo identificó el temor generalizado entre los menores de edad y la evidencia de tratos desobligantes y castigos desproporcionados que configuran situaciones de violencia contra ellos. Estos resultados dieron origen al allanamiento de la institución y las respectivas investigaciones contra los presuntos responsables por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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